Noviembre 02, 2016.- La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Venezuela es uno
de los países en las Américas con mayores procesos legales contra
periodistas y medios de comunicación, mecanismo utilizado por el
gobierno, funcionarios y organismos estatales para frenar la difusión de
información independiente y generar autocensura.
La más reciente denuncia involucra al diario El Nuevo País,
cuyo propietario Rafael Poleo y un grupo de periodistas y trabajadores
del medio fueron demandados por el presidente de la estatal Petróleos de
Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, a mediados de octubre por
difamación agravada continuada y solicitó a la corte que se le prohíba
al periódico informar sobre la empresa.
Además
de Rafael Poleo (exiliado desde el 2009), la querella también se
interpuso contra los miembros del Consejo Editorial Graciela Requena y
Jurate Rosales, el periodista Camilo Rey Luna y el supervisor general
Luis Camacho, a quienes se les prohíbe la salida del país.
Otros 44 periodistas, directivos de medios, medios de comunicación y particulares enfrentan procesos judiciales desde 2013,
acusados por las autoridades por los delitos de difamación, injuria,
violencia de género, disputa por propiedad de sede física, legitimación
de capitales, ofensa a la Fuerza Armada y difusión de información falsa.
“A esta situación – explicó Otero, vicepresidente regional para Venezuela de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP- hay que agregar el crecimiento desmedido de la represión a opositores y periodistas, estos últimos considerados enemigos graves de la Revolución Bolivariana. Quien tenga una cámara fotográfica o un teléfono inteligente, corre peligro de ser agredido brutalmente por las fuerzas represivas o los colectivos paramilitares. Los pocos espacios de libertad informativa que quedan en el país están en grave peligro de desaparecer.”
El presidente de la SIP, Matt Sanders, director senior y gerente general de Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, llamó la atención sobre lo que consideró “una alarmante industria de demandas promovidas por las autoridades venezolanas para cercenar aún más a la prensa independiente que enfrenta en el país numerosos agravios”.
Por
su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa
e Información de la SIP, director de La Silla Rota, Ciudad de México,
México, agregó que “el caso de los medios venezolanos acusados de
cometer presuntos delitos, tienen también la desventaja de enfrentarse a
un sistema de justicia sin independencia”.
El director del diario Correo del Caroní, David Natera, acusado por difamación e injuria, fue sentenciado en 2016 a cuatro años de prisión con prohibición de salida del país. Natera debe presentarse cada 30 días a la corte, fue inhabilitado para ejercer, está sujeto a vigilancia por una quinta parte del tiempo de la condena y se le ordenó al periódico abstenerse de publicar informaciones sobre un caso de corrupción.
También fueron imputados por difamación e injuria los periódicos El Diario de Los Llanos, La Prensay La Noticia; los diputados Ismael García y Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, y el ex parlamentario Carlos Humberto Tablante Hidalgo.
El
único periodista preso en Venezuela es Braulio Jatar, director del
portal Reporte Confidencial, detenido en Isla Margarita el pasado 3 de
septiembre. Jatar, de 58 años, y quien posee nacionalidad
chileno-venezolana, fue acusado por “legitimación de capitales”, delito
que conlleva penas de entre 10 y 15 años de prisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron recientemente las acciones del Estado de Venezuela, entre estas el continuado uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de la prensa crítica, dirigidas a cerrar espacios de participación y a perseguir a quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión.
http://www.cnpven.org/articulos/sip-condena-uso-alarmante-de-procesos-legales-contra-periodistas-en-venezuela
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