Uno de los verdugos, “sedicente especialista en tuición de DD.HH.” – como lo describe el diario El Voz – es la jueza 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Yesenia Maza Rojas,
quien dictó la medida privativa de libertad contra el director de
Seguimiento y Evaluación de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN),
Alejandro Puglia, y al estudiante Adolfo Gross, por
llevar un dron en la maletera de su carro, durante la movilización
convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el pasado 1 de
septiembre.
Aunque su prontuario es mucho más amplio, por cuanto, en el año 2014, la jurista fue la encargada de enviar a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín)
de El Helicoide a los jóvenes Christian Manrique, Jericó Baute, Jainer
Guevara, Jennifer Mejías, Germán Zambrano y Brian Beltrán.
En el caso de Puglia y Gross,
permanecieron recluidos por más de dos meses, pese a que la Fiscalía
General de la República nunca los imputara, algo necesario para tal
medida. La misma situación la vivió Coromoto Rodríguez,
detenido en medio de las mismas irregularidades. Nos obstante, estas no
son las única coincidencias entre ellos, ya que los tres forman parte
del personal del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.
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